Dubai Ports World (DP World) declaró este jueves que el Gobierno de Yibuti se ha hecho con el control ilegal de la terminal de contenedores Doraleh SA, una entidad propiedad de Dubai Ports World que diseñó, construyó y, desde 2006 gerenta de conformidad con una concesión otorgada por el Gobierno ese mismo año. La terminal de vanguardia es el mayor empleador y la mayor fuente de ingresos en el país africano. Ha operado con ganancias cada año desde que se abrió.
La confiscación ilegal de la Terminal es la culminación de la campaña del Gobierno para forzar a DP World a renegociar los términos de la concesión. Esos términos fueron considerados "justos y razonables" por un tribunal de arbitraje internacional de Londres encabezado por Lord Leonard Hoffman y Sir Richard Aikens, ambos juristas ingleses muy reconocidos.
DP World ha iniciado un procedimiento ante el Tribunal de Arbitraje Internacional de Londres para proteger sus derechos o para garantizar daños y compensaciones por su incumplimiento o expropiación.
Desde diciembre de 2017, el Gobierno de Yibuti ha intentado aplicar la ley contra el contrato de concesión celebrado entre DP World y Doraleh Container Terminal SA. El proceso culminó en una demanda final para que el contrato sea renegociado antes del 21 de febrero de 2018, y la terminación de ese contrato por decreto presidencial el 22 de febrero de 2018 conlleva la expropiación de todos los activos de Doraleh Container Terminal SA.
Según informa la agencia de noticias oficial de Emiratos, WAM, la entidad portuaria de Dubai considera que el intento del Gobierno de hacer cumplir sus términos, el presunto despido y la expropiación infringen sus obligaciones en virtud de sus acuerdos vigentes desde 2004, y el derecho internacional. Además, la conducta del Gobierno es particularmente opresiva y recientemente fracasó en sus intentos de resolver los contratos alegando que eran corruptos ante el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales y ante un tribunal arbitral en Londres (compuesto por Sir Richard Aikens, Peter Leaver QC, Lord Hoffman), que desestimó estas alegaciones.
"Para proteger nuestros intereses, nos hemos visto obligados a iniciar un nuevo arbitraje el 20 de febrero de 2018 solicitando una declaración de que los contratos son válidos y vinculantes para el Gobierno de Yibuti", señala DP World.
"Exigimos que el Gobierno cese su conducta ilegal y continúe trabajando como asociado con nosotros en el mismo espíritu de cooperación que ha existido durante los últimos 18 años, que ha generado beneficios directos e indirectos de cientos de millones de dólares a Yibuti y mejoró su atractivo como un destino de inversión líder en el este de África", concluye.
