Dos legisladores estadounidenses, el congresista republicano Mario Díaz-Balart y el senador demócrata Bob Menéndez, confirmaron este lunes que el Gobierno de Donald Trump ha decidido no renovar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a más de 250.000 salvadoreños beneficiados por ese programa.
Los legisladores mostraron su desacuerdo con la decisión después de que el diario The Washington Post adelantara que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) planeaba anunciar que cancelaba el TPS, una decisión que afecta a 263.282 salvadoreños.
"Estoy completamente en desacuerdo con la decisión de la Administración de terminar con el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los ciudadanos salvadoreños que residen en Estados Unidos", dijo Díaz-Balart en un comunicado.
"Esta gente inocente huyó de su país natal tras un desastroso huracán, y aunque las condiciones de vida pueden haber mejorado ligeramente, El Salvador enfrenta ahora un problema significativo con el narcotráfico, las bandas y el crimen", agregó.
El legislador por Florida urgió "rotundamente a la Administración a reconsiderar esta decisión", que será "devastadora" para muchas familias.
Menéndez, por su parte, calificó la decisión como parte de los "impulsos nativistas" del Gobierno de Trump, y dijo que solo hay que "fijarse en las condiciones sobre el terreno en El Salvador para entender que acabar con ese programa" probablemente "desestabilizará sus frágiles esfuerzos de recuperación y pondrá en riesgo a cientos de miles de personas".
Sin el programa, estos salvadoreños tendrán que volver a su país de origen -la mayoría tras alrededor de 20 años en Estados Unidos-, tratar de buscar otra vía para su regularización o arriesgarse a la deportación si se quedan como indocumentados.
Según el Post, el plazo que el Gobierno del presidente Donald Trump dará a los salvadoreños acogidos al TPS para abandonar el país o para buscar otra manera de obtener la residencia legal es septiembre de 2019.
El Gobierno de El Salvador, la comunidad salvadoreña en Estados Unidos y activistas proinmigrantes vienen batallando sin descanso en los últimos meses para el mantenimiento del TPS o al menos para su prórroga por seis meses.
