En la península ibérica hay catalogadas 1.441 fortalezas islámicas pertenecientes al extenso periodo andalusí, que arrancó en el año 711 con la conquista árabe y concluyó en 1492 tras la toma de Granada por los reinos cristianos del norte. El excepcional conjunto patrimonial no tiene parangón en toda Europa. En su mayoría, se encuentra diseminado por el medio rural y atestigua la dinámica bélica que marcaron las conflictivas relaciones entre Al Andalus y sus vecinos cristianos durante casi ocho siglos.
Gran parte de las fortalezas se concentran en Granada (185), Málaga (123), Castellón (133) y Almería (90). En lógica, la más intensa actividad constructora coincide con los periodos de mayor tensión militar, principalmente en el periodo de taifas y almohade, cuando los reinos cristianos avanzaban, ya imparables, hacia la conquista de los últimos territorios de Al Andalus. Por esa razón, el reino nazarí, que dominaba las provincias de Granada, Almería y Málaga, registra un elevado número de enclaves militares, muy por encima del resto del territorio andaluz: Córdoba (29), Sevilla (31), Jaén (31), Cádiz (25) y Huelva (8).
La zona de levante y Aragón también suman un buen número de castillos, torreones, alcazabas, atalayas y fortines andalusíes, que evidencian el sólido dominio islámico hasta bien entrado el siglo XII. Valencia (75), Alicante (56), Murcia (55), Zaragoza (77) y Teruel (45) acogen en sus provincias numerosas construcciones. “La zona de levante fue una frontera muy difícil y con mucha montaña”, argumenta Pablo Schnell, arqueólogo y gerente de la Asociación Española de Amigos de los Castillos, que ha logrado catalogar la totalidad de vestigios de carácter militar que quedan en la península. En total, están inventariados 10.352 fortalezas defensivas de todos los periodos históricos.
Entre el siglo XI y el XII, la actividad constructora en el levante almohade fue muy potente. “Se usaron durante 150 años y luego todos esos castillos se quedaron abandonados”, explica Schnell. Algo similar ocurrió en el reino nazarí de Granada, cuya orografía es particularmente montañosa. En la Andalucía central, la presencia de fortalezas militares es menor por una razón clara: las tropas cristianas derrotaron a las almohades en la batalla de las Navas de Tolosa y en 20 años ya habían conquistado buena parte de la región.
“El Califato no estaba a la defensiva; los almohades sí”, argumenta el experto consultado. “Y es lógico que construyan más castillos”. El Califato de Córdoba, que marca los años del esplendor andalusí en el siglo X, también construyó fortalezas ofensivas en el norte de la península. El ejemplo más soberbio es el castillo de Gormaz, en la provincia de Soria, a casi 600 kilómetros de la capital de Al Andalus. “Se trata de la mayor y más representativa obra de fortificación para defender los espacios más amenazados del Califato”, asegura J. Santiago Palacios, profesor de Historia Medieval de la Universidad Autónoma de Madrid y autor del artículo ‘Al Andalus, un país fortificado’. La formidable edificación fue impulsada por Al Hakam II en el año 965 para controlar las rutas de acceso al norte y al río Duero. Gormaz fue la fortaleza “más grande de Europa en su época”, según indica el investigador.
“Parece inverosímil que al norte del Duero haya fortificaciones andalusíes. Pero las hay”, declara Pablo Schnell. El poder islámico se extendió por la práctica totalidad del territorio peninsular. Hasta en el Pirineo se contabilizan fortificaciones andalusíes. Es el caso del recinto amurallado de Balaguer, en Lérida, construido en el año 1035. “De lo mejor que hay en España de fortificaciones andalusíes”, indica el gerente de la asociación cultural. El castillo de Monteagudo, a 5 kilómetros al noreste de Murcia, también es un arquetipo de fortaleza islámica sobresaliente. Enclavado en un espectacular puntal rocoso a 150 metros sobre el nivel del mar, remonta sus orígenes al siglo XI, en época islámica, antes de ser utilizado por Alfonso X como residencia palaciega. El castillo de Pulpís (Castellón), El Vacar (Córdoba) o Baños de la Encina (Jaén) son igualmente modelos reseñables de la larga lista de fortalezas musulmanas que han logrado sobrevivir al paso de los siglos.
El factor orográfico es determinante para explicar la abundancia de edificaciones militares. España es uno de los países más montañosos de Europa, apenas superado por Suiza. “Cuanto más montañosa es una comarca, más necesitada está de fortalezas. Cada valle necesita una defensa”, sostiene Pablo Schnell. A lo largo del Guadarrama, en Madrid, se alzó una cadena de ciudades fortificadas en época del emirato. Se multiplicaron las atalayas como sistemas avanzados de alarma en zonas agrestes.
El profesor J. Santiago Palacios ha estudiado detalladamente la historia de este singular patrimonio arquitectónico. La construcción de todos estos elementos de carácter militar figuraba entre las atribuciones de los gobernantes omeyas, obligados a la defensa del territorio y del islam. Las murallas y los castillos eran un bien público blindado en las prioridades del Estado andalusí y a su edificación dedicaron ingentes recursos materiales y humanos.
De hecho, según explica Palacios, las empresas constructivas eran el primer apartado de los ingresos tributarios, junto al Ejército y las necesidades del tesoro. La gran Mezquita de Córdoba y la ciudad califal de Medina Azahara absorbieron cantidades considerables de recursos económicos provenientes de la contribución ciudadana. Existían, no obstante, fortalezas levantadas por iniciativas particulares, cuyo sistema de financiación se sustentaba en mecanismos feudales. Los almorávides, según el profesor Santiago Palacios, crearon en 1126 un impuesto especial para reparar fortalezas andalusíes, que tomaba el nombre árabe de ‘ta’tib’. Su aplicación, conforme indican los textos medievales, provocó desórdenes públicos en Córdoba.
La construcción de infraestructuras defensivas estaba claramente centralizado por el Estado andalusí. Existía un responsable de ejecución material de las fortalezas, denominado ‘sahib al bunyan’ o jefe de construcciones, que eran especialistas en arquitectura o trabajos de ingeniería. También se crearon inspectores oficiales que vigilaban su edificación o estado de conservación bajo el nombre árabe de ‘nazir al bunyan’.
“Los gobernantes de Al Andalus tuvieron la suficiente capacidad organizativa, técnica y humana para levantar fortalezas bajo su supervisión”, aduce el investigador de la Universidad Autónoma. En el año 936, el califa Abderramán III recibió una solicitud de Musa Abi Al Afiya, su aliado marroquí, para que le ayudara a edificar el castillo de Yara. El califa cordobés atendió su petición y le envió a un arquitecto, 30 albañiles, 10 carpinteros, 15 cavadores, 6 caleros y 2 estereros, según describe el ‘Muqtabis V’, una de las fuentes de referencia de la historia de Al Andalus. Y a mediados del siglo X se detecta una intensa actividad constructiva de fortalezas en el Estrecho de Gibraltar para hacer frente a la hostilidad fatimí.
Gran parte de todo este patrimonio arquitectónico se encuentra diseminado por lugares poco accesibles del medio rural. Su estado de conservación, por lo tanto, es deficiente. De las 1.441 fortalezas islámicas, solo 50 presentan un nivel “muy bueno” de conservación y 147 “bueno”. Por el contrario, 622 se encuentran en una situación de “ruina progresiva”, 80 de “ruina consolidada” y 56 ya son “fortificaciones desaparecidas”. “Los castillos de las ciudades, que están explotados económicamente, presentan, en general, un buen estado de conservación”, precisa Pablo Schnell. La mayoría, en cambio, están ubicados en áreas rústicas fuera del circuito cultural, son poco conocidos y en situación de abandono.
En su totalidad, sin embargo, reciben el amparo administrativo como bienes de interés cultural (BIC), la máxima distinción legal del patrimonio histórico español. Esa figura de protección no viene acompañada en la mayor parte de los casos de inversiones económicas públicas que garanticen su conservación. De hecho, se producen frecuentes actos vandálicos que amenazan su integridad. Su naturaleza jurídica, además, suele ser imprecisa. No están inscritos en el registro de la propiedad y, en general, se asimilan a bienes demaniales. Salvo que sean castillos que generen valor económico. “En muchos casos, su propietario se perdió hace siglos y es muy difícil saber quien es el titular. Este es un patrimonio histórico evanescente”, concluye gráficamente el gerente de Amigos de los Castillos.
