Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos han advertido a las empresas privadas que no publiquen anuncios de trabajo engañosos, ofrezcan empleos no calificados y ofrezcan salarios reducidos a sus ciudadanos.
El Ministerio de Recursos Humanos y Emiratización (MoHRE) ha emitido la Resolución Ministerial 663 de 2022 sobre el cumplimiento de las normas de Emiratización en el sector privado. La resolución estipula controles para el cumplimiento de los sistemas de emiratización, anuncios de trabajo y obligaciones del empleador al contratar a un nacional de Emiratos Árabes Unidos y, a cambio, permitir que el nacional realice su trabajo y obligaciones.
MoHRE informó este domingo en un comunicado que "la expansión de la emiratización en el país requiere la regulación de todos los aspectos y componentes. Estamos dispuestos a especificar los deberes y obligaciones de todas las partes, establecer leyes para regular las violaciones observadas recientemente mediante la intensificación de las visitas de inspección, definir las medidas necesarias y garantizar que todas las partes las sigan".
Como parte de la nueva resolución ministerial, al publicitar trabajos a emiratíes las empresas no deben hacer referencia a las políticas de emiratización del Gobierno o sus beneficios a menos que hayan obtenido un permiso previo del Ministerio. La resolución también prohíbe cualquier publicidad engañosa, que no represente oportunidades laborales reales y disponibles o anuncie trabajos no calificados o incluya los beneficios e incentivos de subsidios gubernamentales relacionados con los emiratíes en el sector privado en los anuncios.
La resolución pide a los propietarios de negocios que permitan a los emiratíes desempeñar sus funciones brindándoles el lugar de trabajo y las herramientas adecuadas, además de ofrecerles la capacitación y las habilidades mínimas en el trabajo. También les prohíbe realizar deducciones en los salarios de los emiratíes con el pretexto de beneficiarse del programa de apoyo del Gobierno. La resolución consideró el pago de salarios inferiores al empleado emiratí, en comparación con sus homólogos, como una elusión de la legislación sobre emiratización.
Al contratar a un emiratí, el empleador tiene la obligación de obtener un permiso de trabajo para él/ella del Ministerio, firmar un contrato y pagar los salarios según las normas definidas. El empleador también está obligado a registrar a los ciudadanos de EAU y pagar la pensión mensual y la contribución a la seguridad social, según la legislación, en el plazo de un mes a partir de la fecha de emisión de su permiso de trabajo.
El empleador también debe cancelar el permiso de trabajo del emiratí tan pronto como finalice la relación contractual e informar cualquier cambio en el contrato de trabajo de manera que afecte las condiciones relacionadas con los beneficios del programa Nafis.
Por otro lado, la resolución también especificó las obligaciones de los empleados emiratíes al incorporarse a un establecimiento del sector privado, incluido su compromiso con los decretos, leyes y decisiones pertinentes relacionados con el programa Nafis, el cumplimiento de las condiciones del contrato firmado, incluida la denuncia de cualquier violación al Ministerio.
La resolución ministerial define la emiratización falsa como un empleo falsificado de un ciudadano de EAU mediante la emisión de un permiso de trabajo a su nombre y el registro del empleado en la instalación para un propósito distinto al previsto del permiso, así como la finalización de un contrato de trabajo con el objetivo de eludir las leyes y resoluciones ministeriales que regulan el trabajo de los emiratíes en el sector privado con el fin de beneficiarse ilegalmente de los sistemas de apoyo e incentivos gubernamentales relacionados con el empleo de ciudadanos emiratíes.
Por último, la resolución también define al establecimiento infractor como aquel que ha demostrado no cumplir con las condiciones de la resolución con la intención de beneficiarse del apoyo e incentivos del Gobierno relacionados con el empleo de ciudadanos de EAU. También definió al beneficiario infractor como un emiratí que se demuestre que no se apegó a las condiciones de las resoluciones de Emiratización con la intención de beneficiarse violando la relación contractual.
