Emiratos Árabes Unidos ha reforzado el control sobre las transacciones y actividades financieras sospechosas para contrarrestar el blanqueo de dinero y combatir la financiación del terrorismo. Esto ha llevado a la confiscación de fondos y activos por valor de más de 2.000 millones de dirhams en 2023, manifestó el gobernador del Banco Central de EAU, Khaled Mohamed Balama.
Al hablar durante la Cumbre Nacional sobre Cumplimiento de Delitos Financieros en Abu Dhabi el miércoles, dijo que EAU ha logrado un progreso significativo en el mantenimiento de la eficiencia y la integridad de su sector financiero.
El funcionario agregó que las autoridades reguladoras emiratíes se aseguraron de que se impusieran medidas estrictas a los infractores, aumentando las sanciones financieras a más de 250 millones de dirhams, en comparación con los 80 millones de dirhams en 2022. “El Banco Central está en proceso de lanzar el programa tecnológico de supervisión, primero de su tipo en la región, que permitirá detectar y alertar tempranamente los riesgos, con base en procesos de evaluación de datos, para determinar el grado de exposición a operaciones de lavado de dinero”, afirmó Balama.
Además, detalló que entre las medidas correctivas adoptadas por el regulador se encuentran supervisar la actualización de los sistemas de monitoreo de transacciones en el sector financiero y ampliar el alcance de las inspecciones a las entidades reguladas, que triplicaron su número durante 2023.
El año pasado se realizaron más de 4.000 inspecciones a entidades de alto riesgo de un total de casi 15.000 instituciones y empresas reguladas, un aumento del 450 por ciento.
Además, la estrecha cooperación entre las autoridades reguladoras dio lugar a más de 55.000 informes sobre actividades y transacciones sospechosas presentadas durante 2022, lo que permitió confiscar activos y fondos por más de 2.000 millones de dirhams en 2023, dijo el gobernador en el primer día de la cumbre..
Recientemente, EAU lanzó su Estrategia Nacional para Combatir el Lavado de Dinero, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación para los años 2024-2027, para ello estableció once objetivos estratégicos para apoyar la legislación relacionada con la evaluación de riesgos, el examen, la cooperación internacional, asegurando la presentación de informes regulares de actividades/transacciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y ejecutando sanciones específicas para abordar los delitos predicados.