Expatriado condenado por estafa en Emiratos lucha contra la deportación
Un empleado indio pretende revocar una orden de deportación tras ser condenado en un caso de ciberdelito y comercio digital. Fue acusado de estafar a una víctima casi 20.000 dirhams.
En un intento por limpiar su nombre y evitar la deportación, ha apelado la condena ante el Tribunal de Apelaciones de Fujairah. El Tribunal de Primera Instancia de Fujairah lo había declarado culpable de utilizar Telegram para estafar a un árabe y que le enviara dinero a dos cuentas distintas mediante transferencia telegráfica.
En julio, la víctima denunció a la policía que alguien se había puesto en contacto con él a través de Telegram y lo había convencido de realizar operaciones de compraventa digital en línea. La víctima transfirió el importe a la cuenta facilitada por el acusado.
Tras la investigación, la policía descubrió que una de las cuentas pertenecía al acusado indio de 26 años, que fue detenido. Se le acusó de delitos informáticos, engaño y estafa por un valor de casi 20.000 dirhams.
Durante el interrogatorio, negó las acusaciones y afirmó que encontró un trabajo a través de un anuncio en Instagram, donde su función era contactar a los clientes de su empleador y convencerlos de realizar transacciones comerciales en línea. Luego, se les pidió a los clientes que transfirieran dinero a cuentas bancarias específicas a cambio de cierta comisión. Afirmó que lo agregaron a un grupo de WhatsApp donde le indicaron que proporcionara los datos de su cuenta bancaria, que luego se utilizó para recibir el dinero. El acusado fue remitido al Tribunal Primario de Fujairah, donde se declaró inocente.
El abogado defensor Hani Hammouda Hagag sostuvo que su cliente "no tenía intención delictiva" y no engañó al demandante. Señaló que si el acusado hubiera tenido intención de estafar a la víctima, habría utilizado una identidad falsa.
“En realidad, el demandante desistió de la acusación contra mi cliente y abandonó el proceso. También admitió durante el interrogatorio que ambos habían sido estafados por terceros. El delito de estafa y engaño requiere intención y motivos criminales, de los que mi cliente carecía”, añadió Hagag.
Hagag sostuvo además que el acusado sólo transfirió el dinero "como parte de su trabajo y que lo transfirió a sus empleadores". También afirmó que el acusado no se había beneficiado personalmente de los fondos. Hagag presentó documentos al tribunal para respaldar su demanda y solicitó a los jueces que absolvieran a su cliente.
“Las pruebas presentadas contra mi cliente no están corroboradas ni fundamentadas lo suficiente como para condenar al acusado”, defendió Hagag, quien también proporcionó al tribunal una copia de la renuncia de la víctima. A pesar de ello, el tribunal de primera instancia declaró culpable al acusado, alegando clemencia ordenó su deportación sin imponerle pena de prisión.