16 de febrero de 2025, 9:06
El Tribunal Civil de Dubai ha dictado sentencia en un caso que involucra a un ciudadano del Golfo, declarando su insolvencia por un periodo de tres años debido a una deuda que asciende a 707.000 dirhams. Esta decisión impide al deudor asumir compromisos financieros durante el mencionado periodo, salvo aquellos relacionados con sus necesidades básicas.
La medida judicial también prohíbe al individuo obtener nuevos préstamos o financiamientos. La solicitud para iniciar el procedimiento de insolvencia fue presentada por el deudor, quien aportó documentación que demostraba su incapacidad para cumplir con sus obligaciones financieras, circunstancia atribuida a problemas de estado civil.
El tribunal, tras evaluar la solicitud, ordenó al síndico de la insolvencia iniciar los trámites pertinentes. La sentencia fue publicada en dos diarios, en árabe e inglés, otorgando a los acreedores un plazo de 20 días hábiles para presentar sus reclamaciones.
Posteriormente, el síndico elaboró un informe sobre la situación financiera del deudor, el cual evidenció la falta de fondos para saldar las deudas y la ausencia de recursos monetarios. A raíz de esta evaluación, el tribunal confirmó la insolvencia del deudor y dispuso que la Oficina de Gestión de Casos comunicara la información a las entidades competentes del país.
Además, se remitió una copia de la sentencia a la Compañía de Información Crediticia de la Unión, formalizando así el registro del deudor en el listado de insolvencias. El abogado del deudor, Alaa Nasr, advirtió que el tribunal podría tomar medidas adicionales si el deudor intentara evadir sus responsabilidades, tales como huir o disimular activos.
La medida judicial también prohíbe al individuo obtener nuevos préstamos o financiamientos. La solicitud para iniciar el procedimiento de insolvencia fue presentada por el deudor, quien aportó documentación que demostraba su incapacidad para cumplir con sus obligaciones financieras, circunstancia atribuida a problemas de estado civil.
El tribunal, tras evaluar la solicitud, ordenó al síndico de la insolvencia iniciar los trámites pertinentes. La sentencia fue publicada en dos diarios, en árabe e inglés, otorgando a los acreedores un plazo de 20 días hábiles para presentar sus reclamaciones.
Posteriormente, el síndico elaboró un informe sobre la situación financiera del deudor, el cual evidenció la falta de fondos para saldar las deudas y la ausencia de recursos monetarios. A raíz de esta evaluación, el tribunal confirmó la insolvencia del deudor y dispuso que la Oficina de Gestión de Casos comunicara la información a las entidades competentes del país.
Además, se remitió una copia de la sentencia a la Compañía de Información Crediticia de la Unión, formalizando así el registro del deudor en el listado de insolvencias. El abogado del deudor, Alaa Nasr, advirtió que el tribunal podría tomar medidas adicionales si el deudor intentara evadir sus responsabilidades, tales como huir o disimular activos.
