El secuestro este lunes de un carguero de Emiratos Árabes Unidos frente a la costa de Yemen por parte de la milicia hutí respaldada por Irán generó una condena generalizada en toda la región.
La Coalición Árabe liderada por Arabia Saudita señaló que el barco fue confiscado poco antes de la medianoche del domingo cerca de la ciudad portuaria de Hodeidah. El portavoz de la Coalición, el general Turki Al-Maliki dijo que el buque, Rawabi, estaba en una misión naval desde la isla yemení de Socotra hasta el puerto saudí de Jazan, que transportaba equipo que había sido utilizado en un hospital de campaña saudí en la isla.
La Organización de Cooperación Islámica condenó el secuestro, describiendo el ataque como un acto criminal que obstruye la libertad de navegación marítima y comercial, garantizada por las leyes y tratados internacionales, y podría interrumpir la ayuda humanitaria para socorrer al pueblo yemení.
El Consejo de Ministros Árabes declaró que el secuestro constituye un crimen de guerra y destacó la importancia de mantenerse firme frente a las acciones de la milicia hutí “que presenta, día tras día, pruebas claras de su comportamiento agresivo y sus esfuerzos por desestabilizar la seguridad y la estabilidad regionales".
El Parlamento Árabe, el cuerpo legislativo de la Liga Árabe, manifestó que el secuestro representa una violación flagrante de las leyes y normas internacionales, y advirtió sobre la amenaza que las acciones de los hutíes representan para la libertad de navegación marítima y el comercio mundial en el estrecho de Bab Al-Mandab y el sur del Mar Rojo.
Describió el incidente como un desarrollo peligroso que amenaza la economía y el comercio internacional y agregó: "El ataque a instalaciones vitales y rutas de transporte globales es un crimen de guerra, que requiere una postura internacional inmediata y firme". Reiteró la importancia de un compromiso absoluto con las resoluciones y cartas internacionales, incluida la Convención de las Naciones Unidas de 1982 sobre el Derecho del Mar y la Convención de las Naciones Unidas de 2000 contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
Nayef Al-Hajraf, secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), también condenó el incidente y pidió a la comunidad internacional que asuma sus responsabilidades y adopte una postura firme hacia las prácticas hostiles de los hutíes. Destacó que los estados miembros del CCG apoyarían a EAU en todas las medidas que tome ante este ataque, y dijo que el bloque regional “rechaza cualquier impedimento al movimiento de barcos y petroleros, lo que representa un acto criminal y un crimen de guerra”.
Por su parte, el primer ministro yemení, Maeen Abdulmalek, dijo que solo una disuasión fuerte y firme detendrá las acciones de los hutíes. El Gobierno "seguirá comprometido a trabajar con todos nuestros socios para combatir esta piratería y terrorismo por todos los medios", agregó.
Las autoridades de Bahréin dijeron que el incidente demostró la determinación de los hutíes de desestabilizar la seguridad y la estabilidad regionales. Pidieron a la comunidad internacional que condene el peligroso acto terrorista y presione a la milicia para que libere de inmediato al barco y su tripulación.
Kuwait, Egipto y Jordania también condenaron enérgicamente el ataque como una amenaza para la navegación marítima y una violación flagrante del derecho internacional, y pidieron que el buque sea liberado de inmediato para que pueda reanudar su viaje.
