El Consejo Nacional Federal (FNC) de Emiratos Árabes Unidos aprobó este martes un proyecto de ley federal que regula los lugares de culto en el país para no musulmanes. El proyecto de ley tiene como objetivo promover los valores de tolerancia y convivencia y será aplicable a todos estos sitios a nivel nacional, incluidos los ubicados en zonas francas.
En la sesión presidida por Saqr Ghobash y que tuvo lugar en la sede del parlamento en Abu Dhabi, también se propuso la formación de un comité para examinar y clasificar las actividades, ritos y costumbres religiosas no musulmanas en el país. Sobre la base de las recomendaciones de los ministerios pertinentes, el Gabinete de EAU decidirá sobre la composición del comité, el sistema de trabajo y otras responsabilidades.
Según informó la agencia de noticias de Emiratos, WAM, la entidad competente conservará un registro de las funciones y lugares de culto autorizados o designados, y los datos que consten en este registro deberán contener la información prevista en el reglamento de ejecución del proyecto de ley.
El reglamento de ejecución del proyecto de ley determinará las condiciones, requisitos y procedimientos para la asignación de salas de culto por parte de la autoridad competente. Esta autoridad expedirá la licencia definitiva que otorga al lugar de culto su personalidad jurídica desde la fecha de su expedición.
Asimismo, la ley propuesta requiere que cada lugar de culto abra una cuenta bancaria en una entidad local, de acuerdo con las reglas y criterios establecidos por las normas ejecutivas de la ley.
De acuerdo con el proyecto de ley, una persona que contravenga cualquier disposición de la ley, sus reglamentos o decisiones relacionadas estará sujeta a una multa de entre 100.000 dirhams y tres millones de dirhams. Las penas previstas en la ley se aplicarán sin perjuicio de una sentencia más grave prevista por cualquier otra ley. Los lugares de culto existentes deben cumplir con las reglas de la ley propuesta dentro de los seis meses posteriores a la implementación de las regulaciones ejecutivas. Este plazo puede prorrogarse hasta dos años, con una duración de seis meses cada prórroga.
