jueves 9/12/21

Estados Unidos no deportará a los padres que recojan a los menores migrantes bajo custodia

Los niños indocumentados han llegado en masa a la frontera en las últimas semanas
Frontera de México con Estados Unidos. (Reuters)
Frontera de México con Estados Unidos. (Reuters)

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EEUU (ICE, por sus siglas en inglés) dejarán de aplicar un acuerdo para el intercambio de información firmado en 2018, según anunciaron las autoridades estadounidenses durante una rueda de prensa telemática.

La decisión es fruto del plan del presidente Joe Biden para hacer frente al número creciente de menores no acompañados en las instalaciones fronterizas.

Para los padres o tutores de menores indocumentados detenidos en la frontera es que "no habrá consecuencias migratorias" por acudir a recogerlos, aseguró el Gobierno, en un intento de acortar el tiempo que pasan esos niños en sus instalaciones.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) anuló la norma de 2018 porque generaba "un efecto disuasorio" para muchos padres y tutores indocumentados, quienes temían ir a recoger a sus familiares por miedo a ser deportados.

"No habrá consecuencias migratorias para quienes se acerquen" a recoger a sus familiares y no tengan documentos, garantizó una alta funcionaria estadounidense, que pidió el anonimato, en una rueda de prensa según informó este sábado la cadena Deutsche Welle (DW). 

"Creemos que eso va a tener un impacto real" para recortar el tiempo que pasan en las instalaciones del Gobierno los menores indocumentados, que han llegado en masa a la frontera en las últimas semanas, añadió.

La norma recién cancelada era un memorando por el que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, perteneciente al Departamento de Salud), responsable del cuidado en albergues de los menores indocumentados que llegan solos a la frontera, debía compartir información con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ICE. Este debía comunicar después en 72 horas "la información sobre el historial migratorio y criminal relevante" de los padres o tutores y los miembros adultos de su hogar.

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