5 de julio de 2026, 9:44
Un tribunal de delitos menores de Dubái condenó a una mujer europea a un mes de prisión tras declararla culpable de usar sin autorización la tarjeta bancaria de otra persona para obtener dinero, infringiendo el Decreto Ley Federal n.º 34 de 2021 de Emiratos Árabes Unidos sobre la lucha contra los rumores y los delitos cibernéticos.
Según los registros judiciales, la acusada accedió deliberadamente a los datos de una tarjeta de pago ajena para realizar transacciones financieras en su beneficio sin el consentimiento del titular. El tribunal consideró que las pruebas presentadas eran concluyentes para demostrar el fraude.
Además del mes de cárcel, la mujer fue multada con 18.750 dirhams, equivalente a la cantidad obtenida ilegalmente, y se ordenó la confiscación del teléfono móvil utilizado en el delito. Una vez cumplida su pena de prisión, será deportada de Emiratos Árabes Unidos.
La sentencia subraya la política de tolerancia cero de las autoridades emiratíes ante el fraude financiero y la protección de los consumidores frente a delitos electrónicos en un contexto de creciente adopción de pagos digitales en el país.
Las autoridades reiteraron su llamado a los residentes a no compartir datos sensibles como números PIN o contraseñas de un solo uso, y a informar inmediatamente a sus bancos en caso de actividad sospechosa. Por su parte, las entidades bancarias instan a sus clientes a activar alertas de transacciones, revisar regularmente sus cuentas y utilizar plataformas seguras para minimizar riesgos.
Este fallo judicial refuerza el mensaje de que el uso ilícito de datos de pago está considerado un delito grave, sancionable con penas severas, incluyendo prisión, multas económicas y deportación, según la legislación vigente en EAU.
Según los registros judiciales, la acusada accedió deliberadamente a los datos de una tarjeta de pago ajena para realizar transacciones financieras en su beneficio sin el consentimiento del titular. El tribunal consideró que las pruebas presentadas eran concluyentes para demostrar el fraude.
Además del mes de cárcel, la mujer fue multada con 18.750 dirhams, equivalente a la cantidad obtenida ilegalmente, y se ordenó la confiscación del teléfono móvil utilizado en el delito. Una vez cumplida su pena de prisión, será deportada de Emiratos Árabes Unidos.
La sentencia subraya la política de tolerancia cero de las autoridades emiratíes ante el fraude financiero y la protección de los consumidores frente a delitos electrónicos en un contexto de creciente adopción de pagos digitales en el país.
Las autoridades reiteraron su llamado a los residentes a no compartir datos sensibles como números PIN o contraseñas de un solo uso, y a informar inmediatamente a sus bancos en caso de actividad sospechosa. Por su parte, las entidades bancarias instan a sus clientes a activar alertas de transacciones, revisar regularmente sus cuentas y utilizar plataformas seguras para minimizar riesgos.
Este fallo judicial refuerza el mensaje de que el uso ilícito de datos de pago está considerado un delito grave, sancionable con penas severas, incluyendo prisión, multas económicas y deportación, según la legislación vigente en EAU.
