El Tribunal Federal de Apelaciones de Abu Dhabi condenó a un hombre a cadena perpetua, seguida de la deportación, tras ser declarado culpable de dañar los controles de un motor de avión.
El ciudadano asiático, un técnico de mantenimiento de aeronaves en un aeropuerto nacional, también recibió la orden de asumir los costos legales y confiscar su computadora portátil.
Los fiscales acusaron al asiático de dañar e interrumpir intencionalmente un avión (Airbus 330-300) que es propiedad de una aerolínea nacional, al manipular y dañar las cajas de control electrónico que se conectan al motor de reacción número 2, lo que hubiera causado que el avión cayera una vez que despegara. Los documentos judiciales mostraron que el daño tenía como fin un acto terrorista.
Los fiscales exigieron que el hombre fuera castigado de acuerdo con la ley federal no. (7) de 2014 sobre la lucha contra el terrorismo y la ley federal no. (20) de 1991 sobre aviación civil.
El abogado del acusado exigió la semana pasada que su cliente fuera absuelto, alegando que padecía un trastorno mental grave.
En consecuencia, el tribunal ordenó que el acusado fuera examinado por un comité médico especializado en trastornos mentales en el país.
El informe médico del comité mostró que la persona está psicológicamente sano y que era responsable de sus acciones criminales atribuidas por la acusación de la fiscalía.
En otro caso, el tribunal condenó a un emiratí, a siete años de prisión por contrabando de armas y municiones. El tribunal también ordenó la confiscación de todas las armas y municiones que se le incautaron.
En el mismo caso, otros tres emiratíes, fueron condenados a tres años de prisión cada uno y multados con 50.000 dirhams por posesión de armas y municiones sin licencia.
El tribunal ordenó que se confiscaran las armas y municiones.
En un tercer caso, el tribunal condenó a un emiratí a 10 años de prisión luego de ser declarado culpable de establecer una célula terrorista y sitios web y grupos de WhatsApp para comunicarse con terroristas.
El tribunal ordenó la confiscación de todas las computadoras, portátiles, fotografías y teléfonos móviles utilizados en los delitos. Asimismo se clausuraron todos los sitios web y cuentas personales del acusado.
